(LA PAZ).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), después de nueve horas de debate, en su décima novena y vigésima sesiones ordinarias, autorizó, hoy, por más de dos tercios, que se lleve adelante juicio de responsabilidades al expresidente de la República de Bolivia, Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante por la capitalización de Enfe y el caso de Focas.
Sánchez de Lozada será juzgado por la presunta comisión de los delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Enfe fue creada el 6 de octubre de 1964, contaba con dos redes importantes: la occidental con 2.274 kilómetros de vías férreas que conectaba a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca; y la oriental con 1.424 kilómetros de vías férreas que conectaban a Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Además, tenía 46 locomotoras, seis ferrobuses, 95 coches de pasajeros y 2.207 vagones de carga, también, maestranzas en Viacha, Uyuni, Guaracachi y Roboré.
En 1994, la empresa de ferrocarriles empezó a ser descuartizada por Gonzalo Sánchez de Lozada y se la dividió en tres, dos empresas mixtas: Empresa Ferroviaria Andina – S.A.M., Ferroviaria Oriental y lo que sobró pasó a ser parte de Enfe residual, explicó la diputada Susana Rivero, del Movimiento al Socialismo (MAS).
El caso por el que se juzgará a Sánchez de Lozada es la Empresa Ferroviaria Andina – S.A.M. que fue capitalizada, en 1996, por 13.251.000 dólares, que ofertó la empresa chilena Cruz Blanca S.A., cuando el ejecutivo sabía que valía 29 millones de dólares, definido por una consultora extranjera.
Por este caso, también serán juzgados: los exministros Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinés y Fernando Candia por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes; el expresidente de Enfe, José Luis Landívar Bowles; el exgerente de Enfe, Rolando Suárez Montoya, por contratos lesivos al Estado; y al exministro de Capitalización y presidente de la comisión calificadora, Alfonso Revollo Thenier, por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En el caso, Formación de capital en áreas secundarias, en áreas rurales y periurbanas (Focas) se firmó, en 1986, un convenio de crédito entre el gobierno boliviano y Estados Unidos destinado al sector productivo que ascendía a 12 millones de dólares, 3.5 millones en donación, más una contraparte de las corporaciones de desarrollo.
Pero, en agosto de 1991, el entonces ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, determinó que el dinero ya no llegase al Estado sino a una entidad privada, Fundapro, organismo de dudosa creación y funcionamiento, que, además recibió todos los activos fijos de Focas en calidad de propiedad, según informó la diputada Susana Rivero, del MAS.
También, explicó que se debía conformar el Banco Productivo, con dinero de Focas, del cual uno de sus socios era Prodem, de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que no llegó a funcionar, sin embargo, Fundapro distribuyó el dinero en manos privadas y posteriormente el mismo Doria Medina tramitó la condonación de la deuda lo que benefició “a los amigos de Doria Medina”, agregó.
Gonzalo Sánchez de Lozada será juzgado por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Junto con él: Carlos Sánchez Berzain, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar Llanos por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Estas determinaciones, fueron tomadas después de conocerse los informes de la comisión mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Posteriormente, se llevó a cabo la consideración de la resolución presentada por la comisión especial mixta de Investigación sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000, para su funcionamiento, la cual fue aprobada por más de dos tercios, con algunas modificaciones.
Luego, se llevó a cabo la clausura de la legislatura 2015-2016, y José Alberto González, presidente de la cámara de senadores, destacó el que se hayan sancionado 125 leyes en este periodo.
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