(LA PAZ).- El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró, anoche, en el programa “Que no me pierda”, difundió por la red televisiva Uno, que la empresa china CAMC ya no podrá adjudicarse ninguna obra en el país, esto en relación a la denuncia de tráfico de influencias por la exrelación sentimental entre el presidente Evo Morales y la actual gerente de comercial de la misma, Gabriela Zapata.
“Hay un precepto legal: empresa extranjera o boliviana que tenga algún juicio o que se le haya ejecutado boletas de garantía ya no puede tener otro contrato con el Estado boliviano, por esa decisión que se tomó en noviembre de 2015, la empresa CAMC no puede participar en ninguna otra licitación o convocatoria que realice el Estado”, aseveró la autoridad.
También, indicó que es imposible que haya tráfico de influencias, porque, sino no se habría ejecutado las boletas de garantía y no se le habría iniciado un juicio.
“Si hubiera tráfico de influencias no se le estaría ejecutando dos boletas de garantía por la recesión del contrato, debido al incumplimiento en la construcción del tramo uno del ferrocarril Bulo Bulo-Montero. Estamos ejecutando las boletas de cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo, ambas suman 158 millones de bolivianos, más o menos, 23 millones de dólares”, explicó la autoridad.
Por otro lado, señaló que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, se querelló contra el representante legal de la empresa CAMC por el incumplimiento de obra.
“Estos son elementos contundentes de que tráfico de influencias no ha existido, estamos ejecutando sus boletas de garantías y los estamos enjuiciando por incumplimiento de obra”, reiteró.
Además, dijo que Zapata fue contratada en febrero de 2015, según un documento que se dio a conocer en los medios de comunicación, y que tres de los contrato con esta empresa se concretizaron años antes a su vinculación con la empresa.
El contrato para la construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero fue firmado en 2013; la construcción del ingenio azucarero de San Buenaventura, en La Paz, se firmó en 2011; y la compra de la perforadora para YPFB se realizó entre 2011 y 2012.
Sin embargo, el mandatario de Estado aseguró que se firmó después de su contratación, la construcción de la planta de evaporíticos en el salar de Uyuni; y obras menores para el proyecto de Misicuni, que suman alrededor de 150 millones de dólares.
Por lo que el presidente Evo Morales, mediante una nota dirigida al contralor general del Estado Plurinacional, Gabriel Herbas, solicitó se realice una auditoría a estos contratos para determinar “los procedimientos administrativos que se aplicaron” en la adjudicación de estas obras, como dice la carta.
También, el vicepresidente explicó que para la ejecución de una obra se realizan invitaciones públicas a varias empresas para que presenten sus ofertas de acuerdo a los requerimientos y de las que lo hacen, se escoge una empresa, después de una evaluación de las ofertas técnicas y financieras, y se adjudica.
Ante la pregunta de por qué se le adjudicaron a CAMC varias obras diversas entre sí, la autoridad de Estado explicó que se trata de una empresa estatal china, que es un consorcio de empresas que tienen diferentes especialidades.
Por otro lado, García Linera conversó sobre la cumbre de justicia y las expectativas que tiene todo el país para cambiar el sistema judicial; también se refirió a la posición del gobierno ante la corrupción y sobre el plan de desarrollo plasmado en la Agenda Patriótica 2025.
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